En un drástico ajuste institucional, el Gobierno nacional formalizó mediante el decreto 357/2025 una profunda reestructuración en el área de Derechos Humanos, que incluye la reducción de su máxima autoridad. Alberto Baños, hasta ahora secretario, pasará a ocupar el cargo de subsecretario “ad honorem” a partir del 22 de mayo, una medida que marca una importante degradación en uno de los sectores más sensibles del Estado argentino.
El recorte implica además una reducción del 40% en la estructura y un 30% en el personal del área, lo que, según fuentes oficiales, permitirá un ahorro anual cercano a los 9.000 millones de pesos. Estas medidas forman parte de la política de ajuste impulsada por la actual administración, en busca de mejorar la “sustentabilidad del Estado”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien firmó la resolución, defendió la decisión argumentando que “el contexto actual exige medidas urgentes para optimizar el funcionamiento del Estado”. Además, informó que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei ya fueron despedidos 405 empleados, lo que representa el 44% del personal original de la cartera.
Cabe destacar que Baños, exjuez y académico vinculado al ministro a través de la cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Museo Social Argentino, había asumido como secretario también en modalidad “ad honorem” mediante el decreto 46/2023.
Esta reducción en la jerarquía y recursos destinados a Derechos Humanos genera preocupación en sectores sociales y políticos que advierten sobre una posible pérdida de prioridad en la agenda estatal.