El gobierno de Javier Milei puso fin a casi dos décadas de la política nacional de Educación Sexual Integral (ESI) al retirar el presupuesto destinado y desligar al Estado nacional de su implementación. Desde agosto, el Ministerio de Capital Humano confirmó que la responsabilidad del programa recae por completo en las provincias, sin fondos ni coordinación centralizada desde la Nación.
La medida desarticula la estructura creada en 2006 por la Ley 26.150, que garantizaba contenidos y capacitaciones federales. Además, se retiraron materiales del portal Educ.ar y se anunció que los recursos que no respondan a los “criterios actuales” serán reemplazados progresivamente.
Como parte del ajuste, el Ejecutivo también eliminó un artículo de la Ley 27.234 que establecía las jornadas anuales de “Educar en Igualdad”, destinadas a prevenir la violencia de género en las escuelas.
Especialistas y organismos educativos advierten que la decisión podría afectar la prevención del abuso sexual infantil, debilitar la educación afectiva y sexual de los adolescentes y profundizar las desigualdades entre provincias según su capacidad para sostener la política educativa.