El plan de “normalización” del sistema eléctrico que impulsa el Gobierno nacional genera creciente preocupación entre especialistas y actores del sector. Fuentes consultadas advirtieron que la Resolución 400/2025, firmada por la Secretaría de Energía, podría derivar en un escenario de “shock tarifario”, concentración empresarial y mayor volatilidad en los precios de la energía.
Desde el ámbito provincial, una fuente técnica señaló varios puntos críticos que, según dijo, “ponen en tensión la estabilidad del mercado y la protección de los usuarios residenciales”. Entre ellos, mencionó el riesgo de picos tarifarios ante subas del gas o baja hidraulicidad, la debilidad contractual de las distribuidoras tras el retiro de CAMMESA como operador central y la posibilidad de que las grandes generadoras privadas concentren aún más poder de mercado.
Las centrales térmicas bajo control estatal —actualmente administradas por ENARSA— pasarán a operar solo bajo el régimen “spot” hasta su privatización. Durante ese período, podrían incidir sobre los precios de punta y reducir la capacidad del Estado para amortiguar subas, explicaron las fuentes.
Otro punto sensible es la obligación impuesta a nuevos grandes consumidores, como polos industriales o data centers, de garantizar su propia capacidad de generación y respaldo físico. “Esta exigencia podría desalentar inversiones o profundizar desigualdades regionales en materia energética”, advirtieron.
Finalmente, alertaron que la falta de coordinación entre el nuevo esquema nacional y los marcos regulatorios provinciales podría generar conflictos de facturación y demoras en las actualizaciones tarifarias, reeditando el histórico problema de las deudas de las distribuidoras con CAMMESA.