La resistencia a la vacunación obligatoria volvió a quedar en el centro del debate público a partir de una serie de intervenciones judiciales y administrativas que tuvieron un impacto inmediato en la cobertura sanitaria infantil.
En Mendoza, la decisión del Gobierno provincial de avanzar con denuncias contra padres, madres y tutores que incumplen el calendario nacional de vacunación derivó en una fuerte suba en la aplicación de dosis atrasadas. Según datos oficiales del Ministerio de Salud mendocino, entre el 12 y el 19 de diciembre se colocaron 1.483 vacunas correspondientes a esquemas incompletos, un incremento que las autoridades atribuyen directamente al inicio de las acciones judiciales.
La provincia se convirtió así en la primera del país en recurrir de manera sistemática a la Justicia Civil para exigir el cumplimiento del calendario obligatorio. El Código Contravencional local prevé sanciones que van desde multas económicas y trabajo comunitario hasta arrestos, en casos de incumplimiento reiterado.
En paralelo, la Justicia de Salta ordenó completar el esquema de vacunación obligatorio en un caso de negativa familiar, al reafirmar que el derecho a la salud pública y el interés superior del niño deben prevalecer por sobre las decisiones individuales de los adultos responsables.
Desde el Ministerio de Salud de Mendoza destacaron que el impacto fue inmediato. Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones provincial, señaló que se registró un aumento visible en la demanda de vacunas en toda la provincia. “Muchas personas se acercaron para evitar posibles denuncias, y eso derivó en que niños recibieran entre seis y siete vacunas para ponerse al día, algo que no es habitual”, explicó.
Las intervenciones se producen en un contexto de creciente preocupación sanitaria, marcado por el rebrote de enfermedades prevenibles y por la circulación de discursos antivacunas que ganaron visibilidad en redes sociales y, recientemente, en ámbitos institucionales, incluso durante actos realizados en el Congreso Nacional.
Autoridades sanitarias nacionales y provinciales advierten que la caída en las coberturas pone en riesgo logros históricos del sistema de inmunización y remarcan que la vacunación obligatoria es una política de salud pública destinada a proteger tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto.