La Justicia federal comenzó a evaluar si habilita la feria judicial para tratar los planteos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En menos de una semana, ya se presentaron cinco amparos que buscan suspender la vigencia de la norma.
El análisis judicial avanza en paralelo a la disputa política. Mientras parte de la oposición intenta reunir votos para rechazar el decreto en el Congreso, el Gobierno defendió públicamente la reforma y adelantó que enviará un proyecto de ley más amplio para impulsar modificaciones estructurales en materia de inteligencia.
Este jueves, el juez federal de feria Walter Lara Correa corrió vista a la fiscalía para que dictamine si el caso reviste la urgencia necesaria como para ser tratado durante el receso judicial. La definición del fiscal será clave: si se habilita la feria, podría abrirse un debate de fondo sobre la constitucionalidad del DNU, un punto que ya genera cuestionamientos por su impacto en seguridad, defensa y derechos individuales.
Las presentaciones judiciales se concentran en el fuero contencioso administrativo federal porteño y provienen de diversos sectores políticos y organizaciones civiles. Entre los amparos ingresados figuran los impulsados por la Fundación Apolo, a través de Yamil Santoro y José Mangiocalda; los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón; un grupo de dirigentes radicales encabezado por Leopoldo Moreau; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y el Llamamiento Argentino Judío.
Cada escrito cuestiona distintos aspectos del decreto, pero todos coinciden en señalar lo que consideran un avance inédito del Poder Ejecutivo en materia de inteligencia. Uno de los ejes principales es la presunta falta de necesidad y urgencia. Los legisladores de la Coalición Cívica y el Partido Socialista remarcan que Milei firmó el DNU un día después de finalizadas las sesiones extraordinarias, cuando todavía podía prorrogarlas y enviar un proyecto de ley al Congreso.
Las presentaciones alertan además sobre el riesgo de un “estado policial”, al interpretar que la nueva normativa podría habilitar un esquema en el cual cualquier ciudadano sea considerado una amenaza por decisión del Poder Ejecutivo. Según fuentes judiciales, no se descartan definiciones en los próximos días, dependiendo del dictamen fiscal y de la eventual habilitación de la feria.