En plena feria judicial de verano, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 habilitó la actividad para avanzar con un reclamo que exige al Ministerio de Capital Humano garantizar la provisión de alimentos a comedores comunitarios. La decisión se tomó a raíz de una medida cautelar solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que advirtieron que el receso impedía ejecutar intimaciones previamente ordenadas por el tribunal.
Las organizaciones denunciaron que la demora afectaba directamente a unas 30 instituciones que reclaman ser incorporadas a la política alimentaria estatal. Señalaron que estos espacios dependen de la asistencia pública para sostener su funcionamiento y que cualquier paralización compromete a familias en situación de vulnerabilidad, con especial impacto en niños y niñas de barrios populares. De hecho, recordaron que, gracias a cautelares anteriores, 72 comedores lograron restablecer la entrega de alimentos tras interrupciones en la asistencia oficial.
El Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de habilitar la feria. En su presentación, el fiscal remarcó que está comprometido el derecho humano a una alimentación adecuada —de cumplimiento inmediato según estándares internacionales— y que el colectivo afectado atraviesa una situación socioeconómica crítica. Advirtió además que una demora podía volver ineficaces las medidas ya adoptadas por el juzgado.
Con ese respaldo, el juez Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria “al único efecto” de tratar lo solicitado por la parte actora y permitir el avance del expediente durante el receso. También ordenó incorporar una presentación realizada por el Ministerio de Capital Humano y correr traslado a las organizaciones demandantes para que expresen su postura antes de definir los pasos procesales siguientes.