A una década de su arresto, la situación judicial y sanitaria de Milagro Sala vuelve al centro del debate político y jurídico. La dirigente social cumple este 16 de enero diez años detenida, en un contexto marcado por cuestionamientos de organismos de derechos humanos y advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha exigido al Estado argentino medidas especiales para resguardar su integridad física.
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en el marco de un acampe que realizaban organizaciones sociales frente a la Gobernación de Jujuy. El reclamo apuntaba a obtener una audiencia con el entonces recién asumido gobernador Gerardo Morales para discutir el reempadronamiento de cooperativas. La denuncia presentada por el mandatario derivó en un operativo encabezado por el exministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, que culminó con su arresto.
Desde entonces, la dirigente enfrenta múltiples causas judiciales cuya legitimidad ha sido objetada por organismos locales e internacionales. Para la CIDH y para organizaciones como Amnistía Internacional, la detención estuvo atravesada por irregularidades procesales y un uso abusivo de la prisión preventiva.
Actualmente internada por complicaciones de salud, Sala se encuentra en un estado delicado que vuelve a poner en foco las medidas ordenadas por el tribunal interamericano para garantizar su tratamiento médico adecuado. En paralelo, su defensa analiza la posibilidad de solicitar la libertad condicional, un paso que, de concretarse, podría reabrir la discusión sobre el carácter político de su encarcelamiento.
A lo largo de estos diez años, la permanencia de Sala tras las rejas se transformó en un símbolo para distintos sectores sociales y políticos, que consideran su caso un ejemplo de persecución estatal. Del otro lado, el gobierno jujeño sostiene la validez de los procesos judiciales y rechaza cualquier interpretación política.
El aniversario encuentra a la dirigente, a su organización y a sus defensores en un escenario de tensión, mientras persisten los interrogantes sobre el respeto efectivo de las garantías constitucionales en la provincia y el rol del Estado nacional frente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.