La población carcelaria en Argentina alcanzó a fines de 2024 un récord histórico de 121.443 personas privadas de la libertad, según un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El sistema penitenciario opera al 130,2% de su capacidad, con niveles de hacinamiento extremo en varias provincias.
La tasa de encarcelamiento llegó a 258 presos cada 100.000 habitantes, la más alta registrada, pese a que los índices de criminalidad se mantuvieron estables. El crecimiento se explica por el aumento de las detenciones preventivas y de las penas cortas.
Salta presenta la situación más crítica, con una ocupación del 245%, mientras que Buenos Aires y San Juan también registran sobrepoblación severa. Aunque la infraestructura carcelaria se amplió un 17,5% en algunas jurisdicciones, el informe advierte que las medidas resultan insuficientes.
En el plano judicial, el 62% de los internos tiene condena firme y el 37,3% permanece en prisión preventiva, lo que equivale a más de 45.000 personas sin sentencia. El Comité alertó que este escenario profundiza la crisis del sistema penitenciario y agrava las condiciones de detención.