A una semana de la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el Gobierno nacional reivindicó la medida y anticipó que se prepara para una eventual confrontación judicial con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Desde el Ejecutivo aseguran que la operatividad del puerto mejoró tras la toma de control y descartan cualquier posibilidad de dar marcha atrás.
El organismo conducido por Iñaki Arreseygor sostiene que la intervención se apoya en denuncias acumuladas durante meses por parte de trabajadores y empresarios del sector, quienes habrían advertido sobre el deterioro de la infraestructura y la falta de inversiones en una terminal que genera ingresos superiores a los $22.000 millones anuales.
Según fuentes oficiales, desde mediados de 2025 la ANPyN recibió además acusaciones por presuntas irregularidades financieras en la administración del puerto, que involucrarían a la gobernación fueguina. En ese sentido, el Gobierno anticipó que, si Melella decide avanzar judicialmente contra la intervención, presentará documentación que probaría una supuesta malversación de fondos.
El conflicto, que combina tensiones políticas, económicas y de control institucional, promete escalar en los tribunales y profundizar el enfrentamiento entre la Nación y la provincia por el manejo de uno de los principales activos estratégicos del sur del país.