La ley de tierras volvió al centro del debate político tras una nueva avanzada del gobierno de Javier Milei para flexibilizar la venta de tierras rurales a extranjeros. La iniciativa forma parte de un paquete legislativo más amplio que el Ejecutivo envió al Congreso bajo el argumento de garantizar la “inviolabilidad de la propiedad privada”.
No es el primer intento. A fines de 2023, el oficialismo buscó derogar la norma mediante el DNU, pero la medida fue frenada por la Justicia tras una cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Luego, la Cámara Federal declaró inconstitucional esa derogación y el caso quedó en manos de la Corte Suprema.
Así, la ley sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue vigente. La normativa establece un tope del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, con restricciones adicionales por nacionalidad y extensión.
Ahora, el Gobierno ensaya una estrategia diferente: en lugar de una derogación directa, impulsa cambios dentro de un paquete que también incluye modificaciones en desalojos y normas ambientales como la Ley de Manejo del Fuego.
Desde el oficialismo sostienen que las reformas buscan atraer inversiones y dinamizar la economía, en línea con otros cambios recientes. Sin embargo, desde la oposición y organizaciones sociales advierten sobre un posible avance en la pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos.
En ese marco, el debate ya se instaló en el Congreso. Durante un plenario de comisiones expusieron especialistas y actores involucrados, entre ellos el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, una de las voces más críticas del proyecto, quien advirtió que el Ejecutivo “está montando una arquitectura para el saqueo”.