La provincia de Buenos Aires anunció una reconfiguración de su política alimentaria y social con la suspensión del módulo MESA y una batería de incrementos presupuestarios destinados a sostener la cobertura en sectores vulnerables. La medida se da en un contexto de tensión con el Gobierno nacional por el financiamiento y, según indicaron desde la administración bonaerense, apunta a “optimizar recursos y garantizar la seguridad alimentaria”.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, señalaron que el paquete incluye tres ejes: el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), la ampliación de la asistencia a municipios y el incremento en programas sociales. En la misma línea, remarcaron que la gestión del gobernador Axel Kicillof busca sostener la red de contención frente a la caída de transferencias nacionales.
En concreto, el SAE tendrá un aumento del 30%, con una inversión mensual que pasará de $41.000 millones a $54.000 millones. Esto implica un presupuesto anual de $553.910 millones, destinado a garantizar desayuno, almuerzo y merienda para más de 2,5 millones de estudiantes en escuelas públicas de toda la provincia.
En paralelo, se dispuso la duplicación de la asistencia alimentaria a los municipios a través del Módulo Alimentario Territorial (MATE), lo que permitirá reforzar la distribución directa de alimentos en articulación con gobiernos locales y organizaciones sociales.
Por otro lado, la Provincia aplicará un incremento del 25% en distintos programas sociales de manera escalonada. Desde abril impacta en las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS); en mayo alcanzará a Envión, REUNIR y Barrios Bonaerenses; y desde julio se extenderá a políticas destinadas a personas mayores, discapacidad y programas alimentarios específicos como Más Vida, PAAC y PAAI. En conjunto, estas partidas superarán los $182.000 millones anuales.
La decisión de discontinuar el programa MESA marca un cambio en la estrategia de asistencia alimentaria, priorizando la canalización de recursos a través de estructuras territoriales y programas ya existentes. Según explicaron fuentes oficiales, el objetivo es mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la llegada directa a las poblaciones más afectadas por la crisis económica.