El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa un nuevo capítulo de conflicto tras el anuncio de más de 1400 despidos, una medida que impactaría de manera directa en la estructura del organismo a nivel federal. La decisión fue comunicada durante la última reunión del Consejo Directivo por su presidente, Miguel Ángel Romero, quien transmitió el pedido del Ministerio de Desregulación de la Nación, encabezado por Federico Sturzenegger.
Según datos internos, el INTI cuenta actualmente con alrededor de 2400 trabajadoras y trabajadores en todo el país, por lo que la eventual desvinculación implicaría un recorte de gran magnitud sobre su planta. En ese contexto, el personal resolvió convocar a una nueva asamblea para la próxima semana, con el objetivo de definir medidas de acción y evaluar el alcance de las iniciativas ya implementadas en rechazo al ajuste.
En paralelo, este martes por la mañana se realizó una conferencia de prensa en la sede central del organismo, ubicada en el Parque Tecnológico Miguelete. Allí, representantes de los trabajadores denunciaron un proceso de “vaciamiento” del sistema científico-tecnológico estatal y advirtieron sobre las consecuencias que tendría la reducción de capacidades en áreas estratégicas para la industria nacional.
La actividad contó con la participación de organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Complejo Nuclear Atucha y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), además de la empresa ARSAT y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sectores que también manifestaron preocupación por recortes y despidos. Asimismo, se sumaron universidades públicas —que reclaman mayor financiamiento— y distintos actores vinculados a la ciencia y la tecnología.
El encuentro también tuvo respaldo político, con la presencia de legisladores nacionales y provinciales de distintos espacios, junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. A ellos se sumaron trabajadores despedidos de la empresa Fate y de otras dependencias estatales afectadas por las políticas de ajuste, en un escenario de creciente articulación entre sectores en conflicto.