Organizaciones, familias y personas con discapacidad protagonizaron este miércoles una jornada de movilización a nivel nacional en reclamo por la falta de respuestas del Gobierno frente a la crisis que atraviesa el sector. La protesta tuvo su principal concentración en las inmediaciones del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, y se replicó en provincias como Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Corrientes.
La convocatoria coincidió con el primer cese nacional de actividades en la historia del sector, una medida que afectó a transportistas, acompañantes terapéuticos y centros de atención. Los prestadores denuncian atrasos en los pagos que, en algunos casos, se remontan a octubre y noviembre del año pasado, dependiendo de la cobertura, ya sea Incluir Salud o PAMI.
Desde las organizaciones señalaron que la movilización ya estaba prevista antes de la presentación en el Congreso del proyecto oficial denominado “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, iniciativa que también genera preocupación por posibles restricciones en el acceso a derechos.
Entre los principales reclamos, exigen la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la regularización de los pagos adeudados y una actualización del nomenclador acorde a la inflación. Según indicaron referentes del sector, actualmente arrastran un atraso cercano al 70% en los valores de las prestaciones.
Advierten que la situación pone en riesgo la continuidad de los servicios y el acceso a tratamientos, en un contexto donde muchas instituciones y trabajadores se encuentran al límite de su sostenibilidad económica. Frente a este escenario, anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.