Tan indispensable como forjar un techo para nuestras familias; tan indispensable como pisar descalzos/as sin temor a mojarnos, o quedar suspendidos/as en la flacidez del barro; tan indispensable como convivir en un espacio que respete nuestro derecho a la intimidad.
Eso que, para muchos y muchas, es sustancial y, por lo tanto: una realidad, para otros y otras es una ausencia y/o una necesidad, que las y los desvela. Que pone en tela de juicio un derecho humano (entre otros tantos) tan básico como el derecho a una vivienda digna.
Este es el caso de las vecinas y vecinos del, autoproclamado, “Barrio Virgen de Luján”. Vecinos y vecinas que han optado por la solidaridad y la organización popular, para instalar las demandas que las y los aquejan.
El “Barrio Virgen de Luján” (en San Justo- La Matanza), o también conocido como Barrio Figueroa Alcorta y Peribebuy, hace casi un año, con la presencia de aproximadamente 100 familias que se asentaron en esa ubicación y tomaron el lugar, producto de la imposibilidad de trabajar, de acceder a un terreno propio o vivienda propia, o el sostenimiento mensual que implica un alquiler.
Las condiciones del lugar han determinado que, esas familias, convivan con la humedad, o desprotegidas de las inevitables condiciones climáticas que impone esta época del año.
Muchos niños y niñas, que son sus hijos e hijas, llevan meses internados por padecer bronquiolitis. Un día de lluvia, cualquiera, implica que el único suelo posible de pisar sea el colchón de sus camas, en caso que cuenten con una.
Ni hablar de la usencia del derecho al juego y esparcimiento que las infancias del lugar padecen. Afirman sus madres que un día lluvioso es, necesariamente, un día de encierro: no por garantía de protección, ¡se trata de la única opción!
El lugar, cuentan vecinos y vecinas, estuvo desocupado más de 100 años. Comentan las dificultades permanentes que implican las pésimas condiciones habitacionales: casas de sólo un ambiente, piso de tierra cubierto con alfombras para “evitar” la humedad, fogones a la intemperie para tratar de garantizar, al menos, una comida diaria.
Algo tan sencillo como respuestas. Ese es el pedido de las familias: respuestas de un Estado y su intendencia que se opone a la presencia de vecinos y vecinas en el lugar, porque sostiene pretensiones lucrativas, por sobre la garantía de los derechos humanos que toda persona, por el hecho de ser tal, debiera gozar.
Por ahora, el único sostén de estas familias son las redes que ellos y ellas mismas han logrado tejer: la solidaridad y la vocación comunitaria de las personas afectadas por esta problemática.
“No queremos que nos regalen nada”, afirman. Sólo la posibilidad de acceder a un terreno en condiciones, con posibilidades coherentes de pago.
La judicialización de la situación ha instado la compañía de organismos de derechos humanos de La Matanza, que colaboran con estas familias para exigir lo que, en virtud de ciudadanía, les corresponde: un terreno, una vivienda digna que les permita vivir y convivir con la cobertura de necesidades básicas.
No puede, ni debe, ser la represión una estrategia de intervención. No puede, ni debe, ser la omisión del desamparo una respuesta institucional. Porque la claridad de la demanda, la organización vecinal, la empatía y la renuncia a estigmatizar, exige otro tipo de respuestas.
Ivana Cia
Lic. en Trabajo Social<