La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente desde marzo de 2020 la apelación de Milagro Sala a una condena, dictada por la Justicia jujeña, de 13 años de prisión por presunta defraudación de fondos públicos.
Se trata de la causa conocida como «Pibes villeros», en la que la dirigente social fue acusada de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas para defraudar al Estado.
Sala fue condenada a 13 años en primera instancia y la decisión fue confirmada luego por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal.
Por tratarse de un expediente con sentencia definitiva, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque sin plazos como en todas las causas que toma el alto tribunal.
La intervención de la Corte ha sido mayormente para rechazar los recursos presentados por la defensa de Sala que, según señaló a Télam el abogado jujeño, Luis Paz, fueron más de 30.
El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación judicial de Sala y al papel de la Corte en particular, el miércoles pasado, cuando decidió visitarla en Jujuy a raíz de su internación médica.
El Presidente no fue el único preocupado por la situación de Sala: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el miércoles pasado información sobre la situación legal de la dirigente y su estado de salud, y concedió al Estado Nacional un plazo hasta el 13 de julio de este año para que «remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria».
La Comisión Interamericana, instancia previa a la Corte Interamericana, otorgó en 2017 medidas cautelares a favor de Sala ante elementos que hacían presuponer que no se respetaban los derechos a defensa de la referente social.