Se cumplen exactamente 35 años de ese histórico veredicto, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1985, en el juicio que comenzó el 22 de abril del mismo año cuando el gobierno de Raúl Alfonsín llevaba una democracia aún no consolidada y con presiones de los sectores castrenses.
Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que declararon durante el juicio a los comandantes de las juntas militares de la última dictadura, aportaron pruebas decisivas para que los magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones condenaran por violaciones a los derechos humanos a varios de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas.
En el banquillo de los acusados estuvieron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, integrantes de las Juntas militares que gobernaron Argentina entre marzo de 1976 y junio de 1982.
El tribunal fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, compuesta por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, y Julio César Strassera como fiscal.
«Siento que ese juicio marcó un punto de inflexión en la historia argentina para que se conociera la verdad de lo que había pasado. Gracias a ese proceso oral, el país se convirtió en una referencia en políticas de derechos humanos y sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia», señaló al respecto recientemente la periodista Myriam Lewin, actual directora de la Defensoría del Público y sobreviviente de la ESMA.
El 9 de diciembre, Videla y Massera resultaron condenados a reclusión perpetua con destitución; Viola, a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución, en tanto que Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya fueron absueltos.