La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei generó fuertes cuestionamientos en la provincia de Buenos Aires, donde advierten sobre posibles impactos negativos en la producción y el empleo, especialmente en el sur del territorio bonaerense.
El debate en la Cámara de Diputados se desarrolla en medio de tensiones por la participación limitada en las audiencias públicas. Desde la administración provincial, encabezada por Axel Kicillof, sostienen que los cambios en la normativa podrían comprometer el acceso al agua, un recurso clave para diversas actividades productivas.
En ese marco, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, remarcó que gran parte del país depende de los glaciares y las nieves andinas como fuente de agua. Según explicó, cualquier modificación en la protección de estos ecosistemas puede tener consecuencias directas en sistemas hídricos que abastecen regiones alejadas de la cordillera.
Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre el Río Colorado, cuyo caudal resulta fundamental para la actividad agrícola en distritos como Villarino y Patagones. En esa zona, miles de hectáreas cultivadas dependen del riego, en particular para la producción de cebolla, un cultivo estratégico a nivel nacional.
Desde el gobierno bonaerense advierten que una eventual reducción o alteración en el flujo de agua podría afectar la productividad, generar pérdidas económicas y poner en riesgo fuentes de trabajo. En ese contexto, la discusión por la reforma excede lo ambiental y se instala como un eje central en la disputa por el modelo de desarrollo.