La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la facultad de la ANSES para otorgar créditos a trabajadores y jubilados marca un cambio significativo en el enfoque de las políticas públicas relacionadas con la seguridad social y el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Según el decreto, el principal objetivo es proteger los recursos del FGS, creado para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. El gobierno considera que estos fondos no deberían utilizarse para ofrecer créditos, ya que esto afecta su valor real al enfrentar tasas de interés inferiores a la inflación.
Se cuestiona la gestión previa de los «Créditos ANSES», ofrecidos en condiciones que no reflejaban el costo real del dinero, dado que la tasa nominal (50%) era considerablemente menor a la inflación anual (211,4%). Esto se interpreta como un «subsidio implícito» que habría erosionado los recursos del FGS.
La administración de Milei sostiene que el financiamiento a través de créditos es una función que puede ser cumplida por el sector privado de manera más eficiente y competitiva, permitiendo al Estado concentrarse en sus funciones principales.
La medida se basa en las atribuciones otorgadas por la Ley N° 27.742, que permite al Ejecutivo modificar competencias de organismos públicos para optimizar su funcionamiento en pos del interés general.
Esta decisión podría generar incertidumbre entre jubilados y trabajadores que esperaban acceder a créditos a tasas subsidiadas, particularmente en un contexto donde el crédito privado suele tener costos más elevados.
Si bien busca eficiencia económica, la medida podría ser vista como un ajuste que afecta a sectores vulnerables, lo que podría generar críticas desde la oposición y organizaciones sociales.
La eliminación de esta facultad refuerza un cambio de paradigma hacia un enfoque más limitado del rol del Estado en la provisión directa de servicios financieros.
La supresión de los «Créditos ANSES» refleja un reposicionamiento ideológico del actual gobierno hacia una mayor confianza en el mercado y un replanteo de las funciones tradicionales de los organismos públicos. Este cambio tendrá un impacto profundo tanto en la estructura administrativa como en los beneficiarios de la seguridad social.