La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ha presentado una demanda judicial contra la decisión del gobierno nacional de vender un terreno en Campo de Mayo. Este predio se encuentra involucrado en una investigación en curso por posibles delitos de lesa humanidad, siendo parte de la causa 808 en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín. La venta fue autorizada mediante el decreto 950/2024 del Poder Ejecutivo, a pesar de una medida cautelar de «no innovar» emitida en diciembre de 2023, la cual prohíbe cualquier alteración del área en investigación.
La acción judicial de la Subsecretaría incluye una solicitud al Ministerio de Defensa para que proporcione información completa sobre el proceso de venta y para que el ministro Luis Petri y su equipo se abstengan de realizar acciones que afecten la medida cautelar. También se pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que no continúe con la venta hasta que se delimiten las zonas investigadas del predio, particularmente el sector conocido como “Destacamento de Comunicaciones Puerta 8”.
Este caso refleja la tensión entre los intereses de preservar la memoria y justicia histórica y las decisiones de política pública respecto al uso de bienes patrimoniales, destacando la importancia de asegurar que el desarrollo de estos procesos judiciales y patrimoniales respete las investigaciones en curso.