El Gobierno nacional oficializó este miércoles una sorpresiva modificación en el régimen de residencias médicas, apenas 24 horas después de que más de 13 mil profesionales de todo el país rindieran el examen de ingreso. La medida generó preocupación en hospitales públicos, especialmente en el Hospital Garrahan, donde advirtieron que los cambios podrían afectar gravemente el funcionamiento del programa formativo e incluso derivar en cierres.
La resolución fue publicada por el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, que a través de un comunicado detalló los alcances de la reforma. A partir de ahora, quienes ingresen al sistema podrán optar entre dos modalidades de contratación: la “beca Institución” o la “beca Ministerio”.
En la primera opción, el residente firma contrato con el hospital en el que realizará su formación. La beca se paga sin descuentos por aportes ni cargas sociales, y los seguros corren por cuenta del establecimiento. En la segunda, el vínculo se establece directamente con el Ministerio de Salud, que aplicará los descuentos habituales por obra social y aportes, mientras que los seguros seguirán siendo responsabilidad de la institución formadora.
“El objetivo es jerarquizar el verdadero propósito de la residencia médica, que es la formación de profesionales”, señalaron desde el Ministerio. También aseguraron que el financiamiento está garantizado por el Estado nacional en ambos casos. “Durante años, el sistema fue utilizado para tapar agujeros, distorsionar incentivos y precarizar a los profesionales. El nuevo reglamento pone fin a esa lógica”, afirmaron.
Pese a las explicaciones oficiales, la medida generó fuerte rechazo en distintos sectores de la salud pública. En el Hospital Garrahan, referentes del área formativa expresaron su preocupación por las consecuencias que podría traer la reforma y alertaron sobre un posible cierre de programas ante la incertidumbre que genera el nuevo esquema.
En este contexto, el tema llegó al Congreso: este miércoles, la Cámara de Diputados sesionará con una agenda que incluye un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales por un plazo de dos años. La iniciativa fue impulsada por bloques opositores ante el creciente malestar en el sector.