Las escenas de angustia se multiplican en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre la calle Hipólito Yrigoyen, a metros del Congreso. Cada día, decenas de personas con bastones, muletas o en silla de ruedas esperan bajo el sol o la lluvia para reclamar lo mismo: el Gobierno suspendió sus pensiones por discapacidad sin previo aviso ni explicación.
Los testimonios reflejan la gravedad de la situación. Julio Gómez, de 55 años, llegó acompañado por su madre Catalina, de 80. “Me dejaron de pagar la pensión en junio”, contó con la voz quebrada. “Yo nací con esto, mi discapacidad no cambia”. Catalina lo miró y agregó: “Estamos viviendo los dos de mi jubilación, de 300 mil pesos”.
Cristina, de 59 años, viajó desde Monte Grande. Padece Chagas y en agosto no recibió el depósito. Otra mujer, con las manos deformadas por la artritis, relató que presentó la documentación hace un año y aún no percibe el beneficio.
En la puerta de ANDIS, los reclamos se repiten y el malestar crece: la incertidumbre económica se suma a la vulnerabilidad de quienes más dependen de esa asistencia estatal.