El avance de la nueva ley de suelos en la provincia de Buenos Aires desató una creciente tensión con productores agropecuarios y sociedades rurales del Sudeste bonaerense, que en los últimos días endurecieron su rechazo a un proyecto que consideran el mayor intento de intervención estatal sobre la actividad en años.
La iniciativa —impulsada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba)— continúa su tratamiento en el Senado provincial, mientras que las entidades rurales advierten que la normativa habilita controles, auditorías y límites productivos que afectarían a toda la superficie agrícola.
El clima se volvió más áspero tras un encuentro realizado en la Sociedad Rural de Mar Chiquita, con participación de organizaciones adheridas a Carbap. Allí se reiteró que, aunque el proyecto se presenta como una herramienta para el cuidado del suelo y el agua, incluye mecanismos que los dirigentes califican como intrusivos: planes productivos obligatorios, supervisión profesional, creación de consorcios, auditorías, distritos de manejo y un sistema de sanciones.
Los puntos que generan mayor alarma
La iniciativa declara de interés público el cuidado integral de los suelos bonaerenses y exige a los productores la elaboración de planes de uso por parte de profesionales matriculados, con una vigencia mínima de cuatro años. También establece multas calculadas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, la creación de un fondo fiduciario, nuevos registros y catastros bajo control del Estado y del propio Ciafba.
Para las 16 sociedades rurales que participaron del encuentro, este esquema implica un avance sobre la autonomía del productor, mayores costos y una estructura de control que, aseguran, no contempla la realidad productiva de la región.