El Gobierno nacional oficializó este miércoles una profunda reforma en la política migratoria mediante el Decreto 366/25, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica la Ley de Migraciones 25.871, y establece nuevos criterios para el acceso de personas extranjeras a derechos sociales, servicios públicos, la ciudadanía y la permanencia en el país.
La medida busca agilizar los procesos de expulsión de migrantes en situación irregular y endurecer las condiciones para obtener la ciudadanía argentina. Además, introduce un régimen de arancelamiento para el acceso a la salud pública y la educación universitaria, dos ámbitos que históricamente habían sido gratuitos para toda la población, sin importar su nacionalidad.
Según el decreto, los extranjeros seguirán teniendo derecho a la atención sanitaria en situaciones de emergencia, cualquiera sea su estatus migratorio. Sin embargo, el acceso habitual al sistema de salud público quedará restringido únicamente a quienes cuenten con residencia permanente, un seguro de salud o paguen previamente por los servicios, según las condiciones que defina el Ministerio de Salud.
En el ámbito educativo, se garantiza que los migrantes —incluso en situación irregular— podrán asistir a niveles inicial, primario y secundario, sin discriminación. Las instituciones deberán ofrecer acompañamiento para facilitar la regularización migratoria. Pero las universidades públicas quedan habilitadas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, una decisión que pone fin al principio de gratuidad y acceso universal consagrado en décadas anteriores.
Entre los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo advirtió que “el ingreso descontrolado de una gran cantidad de inmigrantes puede generar una amenaza contra la seguridad pública nacional” y que podría afectar “la prestación de servicios esenciales provistos por el Estado Nacional y los gobiernos provinciales y municipales”.
La decisión ya genera preocupación en organismos de derechos humanos, especialistas en políticas migratorias y sectores académicos, que alertan sobre el impacto social y humanitario de las nuevas restricciones. También se anticipan reclamos judiciales por la posible inconstitucionalidad de algunas medidas, en particular las que podrían afectar derechos adquiridos por residentes en el país.