El Gobierno promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, aunque postergó su aplicación hasta que el Congreso defina sus fuentes de financiamiento.
Se trata de las leyes 27.795 y 27.796, aprobadas por amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento y promulgadas tras el veto inicial del presidente Javier Milei. La insistencia legislativa de la oposición permitió su entrada en vigor formal.
Sin embargo, el Ejecutivo se amparó en el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que toda norma que implique gastos no previstos en el presupuesto debe especificar sus fuentes de recursos. También citó el artículo 5° de la Ley 24.629, que dispone que la ejecución de tales leyes quedará suspendida hasta que se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.