En una decisión que ya genera fuertes críticas desde sectores ambientalistas, el Gobierno nacional avanzará con un decreto para modificar la Ley de Glaciares (Nº 26.639), con el objetivo de habilitar nuevas áreas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Economía, en conjunto con la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, y apunta a reducir el alcance de las zonas protegidas dentro del ambiente periglaciar. Según fuentes oficiales, la medida busca otorgar mayor «seguridad jurídica» a proyectos de explotación actualmente frenados por las restricciones ambientales.
El cambio normativo se concretará a través de un decreto presidencial y flexibilizará las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas, como el uso de químicos, la liberación de residuos y la construcción de infraestructura en áreas de alta montaña. No obstante, el Gobierno aseguró que se mantendrán las restricciones sobre los glaciares descubiertos y cubiertos, y que se exigirá la presentación de informes de impacto ambiental para cada nuevo emprendimiento.
Uno de los puntos más controvertidos de la modificación es el traspaso de facultades a las provincias, que podrán definir qué zonas se habilitan para la actividad económica. Esta decisión reaviva el debate sobre el federalismo ambiental y genera preocupación entre especialistas en derecho ambiental, quienes advierten sobre un retroceso en las políticas de protección de ecosistemas estratégicos frente al cambio climático.
Desde organizaciones ambientalistas calificaron la iniciativa como «una amenaza directa a los recursos hídricos» y señalaron que se abre la puerta a una mayor degradación del ambiente en favor de intereses económicos.