La Resolución 10/2025 del Gobierno nacional ha generado controversia en el sector científico y universitario debido a su enfoque en reorientar la investigación hacia objetivos considerados estratégicos para el desarrollo económico y sectores específicos, como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación, y salud. Aunque presentada como un ajuste necesario frente a supuestos convenios con asociaciones sociales, los críticos señalan que estas asociaciones tienen una participación mínima en el ámbito científico nacional.
El texto de la resolución subraya la necesidad de alinear los programas de investigación con el Plan Estratégico 2024-2025, priorizando áreas consideradas clave para el desarrollo económico del país. Sin embargo, esta medida pone en riesgo numerosos convenios y financiamientos existentes, tanto nacionales como internacionales, al excluir investigaciones que no cumplan con estos criterios estratégicos.
Los detractores argumentan que esta política no solo reduce la diversidad y libertad académica, sino que también compromete el avance del conocimiento en áreas no directamente vinculadas con el desarrollo económico inmediato, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en términos de innovación y progreso científico.