Los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de ley que propone modificar o eliminar aspectos centrales de la Ley de Identidad de Género. La iniciativa apunta a impedir el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales o quirúrgicos vinculados a la adecuación de género, tanto en el sistema de salud estatal como en las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio (PMO).
“El Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, sostuvo Milman al defender la iniciativa, que afectaría directamente a personas mayores de 18 años amparadas por la normativa vigente desde 2012.
El texto legislativo propone que las entidades públicas —incluidos organismos estatales, descentralizados y empresas con participación estatal— se abstengan de “promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.
Aunque los legisladores aclararon que no se busca prohibir la libre autopercepción de género, insisten en que dichas decisiones deben permanecer en el ámbito privado y no ser costeadas por el Estado. “Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, encuadrándolo en un marco que respeta los límites naturales del orden jurídico, la neutralidad ideológica del Estado y el principio de no agresión fiscal hacia los contribuyentes”, argumentó Milman.
La iniciativa ya genera controversia en sectores sociales y políticos, ya que implicaría un retroceso en los derechos conquistados por la comunidad trans y no binaria.