El PAMI quedó nuevamente en el centro de la polémica tras adjudicar de forma exprés un contrato por u$s450 millones para la compra y distribución de pañales descartables. La operación, autorizada por el titular del organismo, Esteban Leguizamo, se concretó en un proceso que dejó fuera de competencia a tres de los cuatro oferentes y aceptó un aumento de precios del 20% respecto a los valores anteriores.
La licitación fue lanzada el 14 de abril, con apertura de sobres el 25 del mismo mes, en medio de un calendario apretado que incluyó solo seis días hábiles y un fin de semana largo por Semana Santa. El corto plazo, sumado a cambios sorpresivos en los pliegos y exigencias logísticas de alta complejidad, generó fuertes sospechas entre los proveedores del sector y motivó múltiples denuncias por presuntas irregularidades.
Según fuentes cercanas al proceso, varias condiciones se modificaron «de un día para otro», incluyendo la exigencia de una póliza de seguro por $25.000 millones y la necesidad de contar con infraestructura para almacenar 15.000 pallets en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. “Esto fue hecho a medida. Nadie puede cumplir con eso en menos de una semana. Lo lógico es que haya al menos un mes para preparar una oferta seria”, aseguró un empresario afectado.
De las cuatro empresas interesadas, solo una logró presentar oferta, en un escenario que expertos califican como «anticompetitivo». Además, se advirtió que podrían haberse utilizado padrones desactualizados de afiliados, lo que abriría la puerta a posibles maniobras de sobrefacturación, con entrega parcial de insumos.
Actualmente, más de 200.000 afiliados del PAMI reciben pañales a través de receta electrónica validada por profesionales. Las sospechas sobre esta licitación no solo afectan la imagen del organismo, sino que también podrían derivar en consecuencias legales y administrativas para sus responsables.