El proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, impulsado por la senadora de la UCR Carolina Losada, avanza en el Senado con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, pero ya genera un fuerte rechazo de organizaciones feministas, especialistas y funcionarias públicas que advierten sobre sus posibles consecuencias.
La iniciativa propone endurecer las penas para quienes realicen denuncias falsas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión —lo que convertiría el delito en no excarcelable— y aumentando las sanciones por falso testimonio de 3 a 8 años. Sin embargo, estos delitos ya están contemplados en el Código Penal, específicamente en los artículos 245 y 275.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sostienen que el proyecto no responde a un vacío legal sino a un cambio punitivo que podría impactar directamente en casos vinculados a violencia de género, delitos sexuales y niñez.
Además, cuestionan la falta de evidencia que justifique la reforma. Según datos citados por la organización, las denuncias falsas representan menos del 1% a nivel global y menos del 3% en Argentina, en su mayoría asociadas a delitos económicos. En contraste, remarcan que solo el 21% de las mujeres que sufren violencia se anima a denunciar.
En ese contexto, advierten que el endurecimiento de penas podría generar un efecto disuasorio, provocando que víctimas y testigos eviten recurrir a la Justicia por temor a represalias o a ser acusados de falsedad. Para los críticos, lejos de fortalecer el sistema judicial, la medida podría profundizar la subdenuncia y aumentar los niveles de impunidad.