El informe del ministro Federico Sturzenegger sobre la reducción del empleo público refleja una de las medidas clave del gobierno de Javier Milei para disminuir el gasto estatal. Los datos destacan la desvinculación de casi 36.000 trabajadores en distintos sectores del Estado durante el primer año de su gestión, dividiéndose entre la administración centralizada y descentralizada, las empresas estatales, y el personal militar y de seguridad.
Este tipo de políticas suele generar debates intensos. Por un lado, los defensores argumentan que una reducción del gasto público puede aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes, potenciando la actividad del sector privado. Por otro lado, los detractores cuestionan el impacto social y económico que puede tener la pérdida masiva de empleos públicos, así como los efectos sobre la calidad de los servicios que provee el Estado.
La postura de Sturzenegger subraya el enfoque ideológico del gobierno: priorizar un Estado más eficiente y limitado en sus funciones, con la premisa de que esto beneficiará al conjunto de la economía al devolver recursos al sector privado. Sin embargo, el balance final dependerá de cómo estas medidas afecten tanto a los individuos desvinculados como al funcionamiento del aparato estatal en su conjunto.