La decisión del gobierno de Javier Milei de desmantelar el programa nacional de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC) ha generado una ola de críticas y denuncias por sus potenciales consecuencias devastadoras para pacientes oncológicos. La titular del área, Mariana Pechenik, denunció públicamente la situación a través de un comunicado en redes sociales, alertando sobre un futuro con «más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor».
Según Pechenik, el desmantelamiento se concretó a través de la suspensión de la compra de opioides esenciales, como morfina y metadona, utilizados para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer, y el despido de seis de los ocho profesionales responsables del programa. Esta medida, según la especialista, representa un retroceso significativo en la atención de pacientes oncológicos, especialmente en las provincias más vulnerables del país, donde el programa brindaba apoyo fundamental.
El programa, además de la provisión de analgésicos, ofrecía formación de recurso humano interdisciplinario a través de becas y cursos, así como asesoría y apoyo permanente a equipos de cuidados paliativos en todo el país. Su eliminación representa una pérdida irreparable de recursos humanos capacitados y una merma significativa en la calidad de la atención oncológica en el país. Pechenik considera esta política un «descuido profundo a nuestros derechos humanos».
La situación se agrava al considerar el contexto de recortes presupuestarios previos. Organizaciones como la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ya habían alertado sobre las consecuencias de la interrupción de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) a comienzos de 2024, lo que provocó demoras en la provisión de medicamentos oncológicos y, según Fesprosa, al menos 60 muertes. El desmantelamiento del programa de cuidados paliativos se suma a estas preocupantes señales de un sistema de salud con recursos cada vez más limitados.
La eliminación del programa de cuidados paliativos del INC no solo afecta la atención directa a pacientes, sino que también compromete la formación de profesionales en esta área crucial. La falta de acceso a analgésicos y la disminución de personal especializado incrementan el sufrimiento de pacientes oncológicos y la carga sobre sus familias. La decisión del gobierno genera un intenso debate sobre las prioridades en materia de salud pública y las consecuencias de las políticas de austeridad en un sistema de salud ya precario.