El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) volvió a quedar en el centro de la discusión por el ajuste del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, tras conocerse que se evalúa una nueva tanda de despidos que podría alcanzar a más de 700 trabajadores.
Según denunciaron desde la asamblea multisectorial del organismo, la definición fue comunicada en el marco de una reunión del Consejo Directivo. Allí, el presidente del instituto, Miguel Ángel Romero, habría confirmado que desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado impulsan una reestructuración que incluye la desvinculación masiva de personal.
La situación generó una rápida reacción gremial. Este miércoles, la sede central del INTI —ubicada sobre la avenida General Paz— amaneció con presencia de Gendarmería Nacional y con protestas de trabajadores, en un clima de creciente conflicto laboral.
El proceso de ajuste no es nuevo. De acuerdo con cifras oficiales, el organismo ya redujo su planta en más de 800 puestos en los últimos meses. A esto se suma la decisión de recortar prestaciones: la semana pasada, el Gobierno informó la eliminación de 923 servicios técnicos vinculados al control de calidad y seguridad industrial.
Desde la administración libertaria justifican estas medidas bajo el argumento de una “reorganización” de la oferta tecnológica del instituto. En esa línea, sostienen que se discontinuaron funciones que no registraban demanda efectiva o que ya estaban cubiertas por el sector privado.
Sin embargo, desde los trabajadores advierten que el desmantelamiento del INTI impacta directamente en áreas estratégicas para la industria nacional, al tratarse de un organismo clave en materia de certificación, desarrollo tecnológico y asistencia a pymes.