El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a intimar a organizaciones sociales que brindan alimentos a personas en situación de calle, en medio de la polémica generada por las recientes declaraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien cuestionó este tipo de iniciativas al sostener que generan dependencia y fomentan la permanencia de personas sin techo en la Capital.
La situación se produjo pocos días después de que el mandatario criticara públicamente a instituciones religiosas y organizaciones que reparten comida y abrigo en la vía pública. Según denunciaron desde distintos espacios solidarios, tras esos dichos comenzaron acciones de control e intimaciones por parte de agentes del área de Espacio Público.
Uno de los casos ocurrió el domingo en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, donde integrantes de la agrupación Peronismo Solidario denunciaron que personal del Gobierno porteño intentó labrarles una contravención mientras realizaban una olla popular.
La organización explicó que desde hace más de dos años desarrolla todos los domingos una jornada solidaria en ese lugar, durante la cual entrega un plato de comida a más de 200 personas en situación de vulnerabilidad y organiza una radio abierta para debatir temas de actualidad.
«En dos años y medio que realizamos esta olla nunca tuvimos problemas», señalaron desde la agrupación, al tiempo que cuestionaron el accionar de las autoridades y advirtieron que las medidas buscan desalentar la asistencia comunitaria a quienes viven en la calle.
El episodio reavivó el debate sobre las políticas de atención a las personas en situación de calle y el rol de las organizaciones sociales, religiosas y comunitarias que sostienen redes de asistencia frente al aumento de la demanda alimentaria.