El fallo judicial representa una respuesta clara a las políticas de ajuste que afectan directamente a los sectores más vulnerables, en este caso a través de la interrupción de los servicios de alimentos en comedores y merenderos. La resolución emitida por el juez Walter Lara Correa establece la obligación del Ministerio del Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, de reanudar la entrega de alimentos, garantizando el acceso básico a la alimentación para aquellos que dependen de organizaciones comunitarias.
Este amparo, impulsado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), resalta principios fundamentales de no discriminación e igualdad, señalando que la reducción en el acceso a los alimentos representa una «decisión regresiva» en términos de derechos humanos. La postura del juez indica que las limitaciones financieras no deben comprometer derechos constitucionales, reafirmando la obligación del Estado de proteger a los sectores más empobrecidos sin exigir un aumento de presupuesto adicional, sino haciendo uso adecuado de los recursos ya disponibles.
El fallo enfatiza así que las políticas de ajuste económico no deben afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, y remarca el deber del Estado de implementar políticas públicas equitativas, independientemente de los cambios en la administración o en la política presupuestaria.
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