El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una de las principales reformas tributarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue aprobada por 43 votos a favor y 26 en contra, con el acompañamiento de bloques provinciales, la UCR, el PRO y aliados de La Libertad Avanza.
La norma introduce cambios de fondo en la relación entre el Estado y los contribuyentes, con impacto directo en el Impuesto a las Ganancias, el Régimen Penal Tributario y los mecanismos de control fiscal. Además, abre la puerta a una mayor formalización de activos no declarados.
La ley modifica tres marcos normativos centrales —el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Fiscal y el Código Civil y Comercial— y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Según el oficialismo, el objetivo es reducir la presión fiscal y penal sobre contribuyentes de menor riesgo y aportar previsibilidad al sistema.
A quiénes alcanza el nuevo régimen
El esquema es opcional y está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinados límites patrimoniales y de ingresos. El tope para adherir es un patrimonio de hasta $10.000 millones.
En estos casos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confeccionará la declaración jurada en base a la información disponible. Si el contribuyente acepta y paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales.
Desde el Gobierno sostienen que quienes ingresen al régimen quedarán “blindados” frente a futuras revisiones patrimoniales, en una apuesta a simplificar el sistema y fomentar la regularización voluntaria.