A la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Javier Milei, el Senado prevé retomar la actividad legislativa a partir del lunes 2 de febrero. Entre los temas pendientes no sólo se encuentra la reforma laboral, sino también —aunque con menor visibilidad pública— la modificación de la Ley de Glaciares.
La iniciativa del Poder Ejecutivo propone cambios a la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. La reforma cuenta con el respaldo de los gobernadores de las provincias mineras, sin distinción partidaria, ya que busca otorgar a las jurisdicciones provinciales mayor margen de decisión al momento de habilitar proyectos de explotación de minerales como el cobre.
Según el dictamen ya elaborado, las administraciones provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede excluido del Inventario Nacional de Glaciares (ING), siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLIA —organismo encargado del relevamiento oficial— deberá eliminarlo del registro, lo que habilitaría la actividad minera en esas zonas.