Con la publicación del Decreto 149/25, el Gobierno Nacional modificó la Ley de Convenios Colectivos (14.250) y eliminó la obligatoriedad de que las empresas realicen aportes económicos a las cámaras empresariales de cada sector. La medida, anunciada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, busca “darles más libertad a los trabajadores y más dinero a las empresas”.
Sin embargo, la decisión generó fuertes tensiones en el ámbito empresario. La Confederación Federal Pyme Argentina solicitó la intervención judicial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y exigió la renuncia de su presidente, Alfredo González.
Según denunciaron, desde 2008 los comerciantes han estado obligados a realizar un aporte mensual destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), organismo vinculado a la CAME. La Confederación Federal Pyme señaló que estos fondos representan una recaudación de más de $5.600 millones al mes y $70.000 millones al año, sin una adecuada rendición de cuentas.
El Gobierno sostiene que la eliminación de este aporte forma parte de su política para desmantelar “el modelo de la casta”. Sin embargo, la medida abrió una grieta dentro del empresariado, poniendo en jaque el financiamiento de las cámaras sectoriales y generando incertidumbre sobre el futuro de su rol en la representación de pymes y grandes compañías.