La clausura de la Unidad Penitenciaria 10 de Melchor Romero, ordenada por el juez de Ejecución Penal de La Plata, Nicolás Villafañe, destaca los graves problemas de infraestructura y la situación crítica en la que se encuentran algunas cárceles bajo la supervisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Esta medida fue el resultado de una inspección judicial que corroboró el riesgo de derrumbe, confirmando las denuncias de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La organización había señalado un desprendimiento en el techo de un área común del penal, que incluso causó lesiones en un detenido, aunque sin consecuencias graves.
Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, enfatizó que llevan décadas denunciando el deterioro de las cárceles, argumentando que el incidente podría haberse evitado si se hubiera abordado antes el problema estructural. Según la CPM, las grietas y otros signos de deterioro en el techo de la planta baja representan riesgos adicionales, lo cual refuerza la urgencia de la intervención judicial para garantizar la seguridad y la habitabilidad de las personas privadas de libertad en esa institución.
Este caso subraya la tensión persistente entre las condiciones de infraestructura en el sistema penitenciario y el respeto por los derechos humanos, un tema recurrente que exige atención tanto a nivel judicial como político.