jueves, junio 13, 2024
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Preocupa la situación del Penal N° 43 de González Catán

Días atrás, se conoció el primer caso de un interno con COVID-19. Un tiempo después, desde la institución informaron, que cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) habían dado positivo. Las medidas de seguridad, explican los presos, son difíciles, por no decir imposibles, de cumplir: ¿Cómo mantener la distancia social en un penal que está preparado para albergar a 424 personas, pero que en realidad se encuentran 863?.

Luego de anunciar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pasado 20 de marzo, muchos sectores empezaron a preguntarse qué sucedería con aquellos que ya estaban aislados. Algunos, buscando desentenderse de la problemática, planteaban que, justamente, por estar en esas condiciones, las probabilidades eran menores. Operaciones de prensa que duran lo mismo que una burbuja.

Para tomar algunos ejemplos a nivel internacional. En España, que tiene una población carcelaria de casi 50.000 personas fueron liberados, aproximadamente, 8.000 presos. Buenos Aires tienen una población carcelaria similar y liberó muchos menos. Así lo confirmó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Según una publicación de 2019 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desde 2015, la población en las cárceles creció más 14.000 personas, lo que equivale a un aumento de 42 por ciento. Desde ese entonces a esta parte, el incremento en las comisarías fue de 124 por ciento.

“Si se tiene en cuenta el cupo declarado por el Servicio Penitenciario Bonaerense de 28.810 plazas, la sobrepoblación actual es de 137 por ciento. Estos niveles impactaron en las condiciones de detención: deficiencia médica, falta de alimentos, ausencia de elementos básicos para la vida y de espacio recreativos, educativos y/o laborales”, expresaron en aquella ocasión.

La Comisión Provincial por la Memoria insistió en distintos medios sobre la problemática. “Es muy difícil pensar en que se cumplan con todas las condiciones establecidas por la OMS y por los organismos sanitarios competentes en Argentina en relación al coronavirus”, señaló Roberto Cipriano García, integrante de la CPM.  

La pandemia llegó para agravar el cuadro. O, tal vez, para poner de manifiesto un sistema que está atado por débiles alambres. La Unidad N° 43, ubicada en la calle Domingo Scarlatti N° 5.100, entre Tupungato y Jachan, es uno de esos casos. Según relata la página del Servicio Penitenciario Bonaerense, se trata de un régimen cerrado y abierto.

“Fue inaugurada el 7 de junio de 2007 bajo el régimen cerrado con modalidad atenuada. En la actualidad se están construyendo las escuelas primaria y secundaria para que los detenidos puedan cursar allí estos dos niveles de educación”, desarrolla la presentación.

Además, agrega que: “Los internos reciben un curso de alfabetización, aquellos que nunca han pasado por una institución educativa. Reciben cursos de guitarra, pintura, dibujo, educación para el arte e informática”.

Lo que no dice es que actualmente alberga a 863 internos. Es decir, casi el doble para lo que está preparada.

La preocupación se disparó los primeros días de junio, cuando se detectó que uno de los internos tenía COVID-19. Debieron aislarlo en el Salón de Usos Múltiples, un sitio donde habían colocado 16 camas para albergar estos casos. Un tiempo después, se conoció que cinco agentes del SPB también habían dado positivo. Fuentes judiciales informaron que eran uniformados que no tenían contacto con los presos. Sin embargo, la preocupación existe.

Una voz que tiene eco en otras historias

Germán Clavellino es uno de los 863 presos que están en aquel penal. Solicitó que su pena sea morigerada, bajo cualquier tipo de modalidad, en varias ocasiones. “Mi vida corre riesgo ante el ingreso de COVID-19 a las cárceles”, dijo en una de sus presentaciones. “Actualmente me encuentro en la Unidad N° 43 de González Catán con casos positivo del virus”, escribió.

Tiene varias patologías de base. De más está decir que es paciente de riesgo. Tiene diabetes tipo 2, asma severa no controlada (con antecedentes de dos paros cardiorrespiratorios) y pulmonía.

El argumento por el cual fue negado el “beneficio”, contó Germán a SOCIAL COMUNICACIÓN, es porque “no había coronavirus en el penal”. “Hoy quiero informarle que en la unidad hay varios casos positivos poniendo en riesgo mi vida y solicito la oportunidad de vivir y poder seguir pagando mi condena en mi domicilio”, redactó en su petición.

La voz de Germán es la de miles de presos en la Provincia de Buenos Aires. Muchos ecos, con distintas historias, pero que parecen decir lo mismo. “Están haciendo abandono de persona”, concluyó.

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