Son más de 12.000 las personas que se encuentran internadas en instituciones de salud mental y discapacidad y por ello, Organismos del Estado nacional implementaron una campaña, con apoyo de la sociedad civil, para promover el ejercicio de la ciudadanía y el derecho al voto, tal como establecen las normas nacionales e internacionales vigentes en la Argentina.
«No es suficiente con que los derechos estén establecidos en la legislación, hay que realizar acciones positivas», señaló Leonardo Gorbacz, director nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos.
De cara a las próximas PASO, el gobierno nacional creó la Mesa por el derecho al voto, que está conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, el INADI, la Dirección Nacional Electoral, el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Dicha Mesa determinó que entre los principales obstáculos que las personas en situación de internación encuentran para participar de las elecciones se encuentran: dificultades interpretativas de normas, como las que dan lugar a las exclusiones del padrón por contar con una restricción de la capacidad jurídica, dificultades para acceder al DNI, que se encuentra retenido por las instituciones o los familiares, también falta de acceso a la información, al chequeo del padrón, al sistema de emisión del voto y la participación política; a su vez, la movilidad y el acompañamiento el día de la votación y la gestión de las autorizaciones para poder salir de las instituciones.
«El hecho de tener un padecimiento mental no significa que una persona no pueda elegir sobre su vida, su tratamiento, el gobierno y los legisladores que vayan al Congreso Nacional. Y esa capacidad de elección tiene la misma cualidad que la de cualquier persona», reflexionó el funcionario, quien es coautor de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (LNSM).