La crisis laboral en territorio bonaerense volvió a tensarse tras la decisión de la petroquímica Sealed Air, con planta en Quilmes, de formalizar 65 despidos pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La medida derivó en un paro por tiempo indeterminado y en la paralización total de las actividades.
El conflicto se inscribe en un escenario de mayor deterioro del empleo industrial, con recortes de personal, cierres comerciales y una caída del consumo que impacta en distintos sectores desde diciembre. En este contexto, la actitud de la empresa generó fuerte rechazo sindical al desoír la disposición oficial que le exigía retrotraer cualquier decisión unilateral.
Sealed Air había anunciado inicialmente 97 cesantías, pero avanzó finalmente con 65, lo que representa una reducción cercana al 40% de la planta. La multinacional argumentó que la medida forma parte de un “proceso global de optimización de recursos”, sin brindar detalles sobre la continuidad de la producción ni sobre un eventual plan de reestructuración local.
Desde la comisión interna, el delegado general Alfredo Piscopo sostuvo que el conflicto se precipitó tras dos meses de negociaciones y un preacuerdo que la compañía desconoció en la última audiencia. Según su testimonio, el 29 de diciembre la empresa presentó un nuevo documento con exigencias de flexibilización laboral no discutidas previamente, lo que frenó el avance de las conversaciones y derivó en las desvinculaciones.
El Ministerio de Trabajo bonaerense analiza los pasos a seguir ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria, mientras el gremio espera una nueva instancia de diálogo y mantiene la medida de fuerza hasta que se reviertan los despidos.