El Gobierno comenzó este lunes a recibir los proyectos de ley que prevén un aumento en las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en Discapacidad. A partir de ahora, el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para decidir si veta total o parcialmente estas medidas, tal como anticipó en reiteradas oportunidades.
Las iniciativas, impulsadas por la oposición, fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio y establecen un incremento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la suba del bono para quienes perciben la mínima —que pasará de $70.000 a $110.000—, una prórroga por dos años de la moratoria vencida en marzo y la declaración de emergencia en materia de Discapacidad.
Tras la sanción, los proyectos fueron firmados por los presidentes de ambas cámaras y enviados al Poder Ejecutivo, completando el trámite parlamentario. Ahora, el Gobierno puede vetarlos de manera total o parcial y devolverlos al Congreso. En ese caso, los legisladores podrán insistir con la sanción original, pero necesitarán el respaldo de dos tercios de los presentes para revertir el veto.
En el Senado, las leyes sobre jubilaciones y discapacidad superaron ampliamente ese umbral, lo que obliga al oficialismo a concentrar su estrategia en la Cámara de Diputados. Allí, el proyecto de aumento jubilatorio consiguió 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, por lo que necesitaría al menos 146 votos para sostenerse frente a un eventual veto. La iniciativa sobre discapacidad sumó 143 votos positivos, 71 negativos y 3 abstenciones, con una meta de 144 votos para alcanzar la mayoría especial.
La prórroga de la moratoria previsional es la única que no llegaría a los dos tercios, ya que fue aprobada con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones.
Con este escenario, el Gobierno dispone de 10 días hábiles para negociar con bloques dialoguistas y algunos gobernadores peronistas para blindar el veto presidencial. Sin embargo, el contexto electoral podría complicar esos acuerdos, ya que las provincias podrían resistirse a respaldar medidas impopulares.