La semana pasada, la Justicia le ordenó a la provincia de Buenos Aires vacunar contra el coronavirus a aquellas personas que se encuentren detenidas en cárceles bonaerenses y que presenten condiciones de riesgo.
El fallo del Tribunal, que se dio después de una acción de amparo presentada por la Comisión Provincial por la Memoria, asegura que las personas privadas de su libertad «no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación».
Esa es la razón por la que se pidió «con carácter urgente» la implementación de «un plan de acceso en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial Buenos Aires Vacunate».
Fuentes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguran que «no tenían previsto» vacunar contra el COVID-19 a las personas detenidas, pero que, tras esta decisión, avanzarán para incluir a quienes tengan factores de riesgo y embarazadas.