La movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente al Ministerio de Justicia de la Nación en Buenos Aires refleja un momento de alta tensión entre los sindicatos y el gobierno de Javier Milei, marcado por el anuncio de un ajuste fiscal significativo. La decisión, que implica el despido de más de 2400 empleados contratados mediante la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y una reducción salarial para otros 2000 trabajadores de planta permanente, ha generado una fuerte reacción de los gremios y preocupación en diversos sectores sociales.
La postura de ATE
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó los despidos como ilegales y resaltó el impacto humano y funcional que estas medidas pueden tener. Su mensaje fue claro: «No podemos permitir que dejen a más de 2400 familias en la calle». Aguiar argumentó que estas acciones no solo representan un retroceso en derechos laborales, sino que también afectan gravemente la operatividad del Ministerio de Justicia.
La justificación del Gobierno
Desde el Gobierno, Manuel Adorni, vocero presidencial, defendió la medida en el contexto de un plan de ajuste para reducir el gasto público. Según Adorni, las contrataciones a través de Acara eran «irregulares» y no se alineaban con los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). En sus palabras: «Eliminamos un sistema corrupto que beneficiaba a unos pocos y perjudicaba al resto del país».