La situación de los trabajadores estatales en la administración pública nacional genera gran preocupación, especialmente en el contexto de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei. La reducción significativa de puestos de trabajo, con más de 30 mil bajas, ha impactado mayormente a quienes se encuentran en situaciones laborales más vulnerables, como los contratos provisorios.
De cara al 31 de diciembre, el futuro de los 57.513 trabajadores cuyos contratos vencen es incierto. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya ha planteado sus demandas, exigiendo al Gobierno la renovación de estos contratos y el fin de lo que denominan «reprecarización laboral». Esto apunta a evitar que la reducción de personal siga profundizando las condiciones laborales precarias dentro del Estado.
La continuidad laboral de estos trabajadores será un tema central en las negociaciones entre el gremio y el Gobierno, además de ser un foco de movilización sindical y social. La respuesta del Ejecutivo en las próximas semanas será clave para definir el rumbo de este conflicto laboral y las implicancias políticas y económicas que podría tener.