El conflicto por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo judicial y político. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno de Javier Milei para que la disputa por los fondos destinados a las universidades nacionales sea tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión implica que quedará suspendida la medida cautelar que obligaba al Ejecutivo a girar los recursos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que la administración nacional continuará sin habilitar esos fondos hasta que el máximo tribunal emita una resolución definitiva.
La resolución generó un fuerte rechazo dentro de la comunidad educativa y sindical universitaria, que ya prepara una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. Desde distintos gremios docentes y centros de estudiantes advirtieron que la situación presupuestaria sigue agravándose y denuncian que las universidades enfrentan problemas para sostener gastos de funcionamiento, salarios y becas.
Uno de los pronunciamientos más duros fue el de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), que cuestionó la decisión judicial y llamó a fortalecer la movilización. “Jamás esperamos esto, debemos hacer sentir nuestra bronca”, señalaron desde el gremio.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) también anticipó su respaldo a la protesta, en un contexto donde el ajuste sobre el sistema universitario se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y distintos sectores sociales.