El anuncio del Gobierno de eliminar los cupos de género en los empleos estatales ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre diversos sectores políticos y sociales. La medida, argumentada bajo la premisa de la igualdad ante la ley, cuestiona las políticas de acción afirmativa que buscan corregir desigualdades estructurales históricas en el acceso al empleo público, especialmente en sectores donde las mujeres y las minorías han estado subrepresentadas.
Por un lado, los defensores de la iniciativa sostienen que el mérito y la idoneidad deben ser los únicos criterios de selección en cualquier empleo, y que los cupos representan una forma de discriminación inversa que contradice el principio de igualdad. La postura oficial, reforzada por las declaraciones de los funcionarios Manuel Adorni y Javier Lanari, sugiere que el Gobierno busca eliminar lo que considera una imposición ideológica sobre la administración pública.
Sin embargo, los críticos de la medida argumentan que eliminar los cupos podría significar un retroceso en términos de equidad y diversidad. Afirman que las políticas de cupos no buscan privilegiar a ciertos grupos arbitrariamente, sino garantizar que las personas de sectores históricamente marginados tengan las mismas oportunidades de acceder a espacios de poder y representación. En este contexto, señalan que la igualdad formal (tratar a todos de la misma manera) no siempre se traduce en igualdad real, ya que ignora las barreras sistémicas que enfrentan algunas personas.
La posible inclusión de cargos legislativos electivos en el alcance de esta ley añade una dimensión aún más compleja al debate, considerando que los cupos de género en las listas electorales han sido fundamentales para incrementar la representación de las mujeres en el Congreso argentino en las últimas décadas.
El contexto político no pasa desapercibido: el anuncio se produce poco después de que el proyecto de Ficha Limpia, impulsado por la oposición, quedara sin tratamiento. Esto ha llevado a algunos sectores a interpretar la iniciativa como un movimiento estratégico del Gobierno para desviar la atención o consolidar su propia agenda en un momento de tensiones legislativas.
La discusión que se avecina en el Congreso promete ser intensa, con implicancias que podrían redefinir el enfoque de las políticas de inclusión y equidad en la Argentina.