El Congreso argentino debatirá un decreto del gobierno que prohíbe la hormonización para la afirmación de género en menores de 18 años y elimina el cupo laboral trans. Esta medida, impulsada por el presidente Javier Milei, ha generado fuertes reacciones.
Puntos Clave:
– Prohibición de la hormonización: El decreto impide tratamientos de hormonización para menores, argumentando la necesidad de «protección infantil».
– Eliminación del cupo laboral trans: Se busca modificar la ley que obliga al Estado a destinar al menos un 1% de sus puestos de trabajo a la población trans.
– Debate en el Congreso: La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados debatirá el decreto, escuchando a representantes de organizaciones LGBTIQ+.
– Críticas: Organizaciones como la FALGBT denuncian que la medida tiene consecuencias graves para la salud física y mental de los adolescentes trans, y que ataca derechos adquiridos. Argumentan que la ley de Identidad de Género ya establecía que estos procedimientos solo podían realizarse en mayores de edad.
– Apoyo: La medida ha recibido el apoyo del expresidente Mauricio Macri y de la agrupación MANADA, quienes argumentan que los menores necesitan protección especial y que los tratamientos de afirmación de género son experimentales y pueden tener efectos negativos.
– Contraargumentos: Se critica la inexactitud de los argumentos del gobierno, incluyendo la mención de un número inexacto de «centros de hormonización».
Contexto:
– El decreto se produce tras una marcha LGBT+ en la que se protestó contra el discurso de Milei.
– El gobierno argumenta que los menores necesitan protección especial, citando la Convención sobre los Derechos del Niño.
– MANADA, una agrupación que apoya el decreto, argumenta que los tratamientos de afirmación de género son experimentales y que la «afirmación temprana» puede ser perjudicial.
Conclusión:
El debate en el Congreso sobre este decreto es crucial. Se enfrentarán argumentos sobre los derechos de los menores, la salud integral de las personas trans, y el papel del Estado en la protección de los derechos humanos. La decisión tendrá un impacto significativo en la vida de muchos argentinos.