El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil enfrentó tensiones importantes en su reunión del pasado 19 de diciembre, dado que las negociaciones estaban marcadas por un desfase temporal y una gran disparidad entre las demandas de las partes involucradas. La oferta de las cámaras empresarias, limitada a un aumento del 8,8% a distribuir en cinco meses, resultó muy inferior a las expectativas de los representantes de los trabajadores, quienes buscaron alinear el salario mínimo con el costo de una Canasta Básica Total (CBT), indicador clave para determinar el umbral de pobreza en Argentina.
La posición de la CGT y ambas CTA reflejó un esfuerzo por garantizar que el salario mínimo permita cubrir necesidades esenciales para una familia promedio, algo que está lejos de cumplirse con los montos vigentes. Su propuesta de llevar el salario mínimo por encima del millón de pesos de forma progresiva, comenzando con un aumento significativo en diciembre hasta alcanzar los $570.000, subraya la brecha existente entre las necesidades básicas y los ingresos garantizados por la normativa actual.
Este debate no solo expone la tensión entre sectores empresariales y gremiales, sino que también plantea desafíos para el gobierno, que debe equilibrar las demandas sociales con las restricciones macroeconómicas, como la inflación y el impacto en las estructuras productivas.