La decisión del presidente Javier Milei de privatizar nuevos tramos y rutas de la red vial, a través del Decreto 28/25, representa un cambio significativo en la gestión de infraestructura vial en Argentina. La medida surge en un contexto de críticas y reclamos por el mal estado de las carreteras, situación que Vialidad Nacional no habría podido solucionar de manera efectiva.
Principales puntos del Decreto:
- Licitación pública nacional e internacional:
El Ministerio de Economía, por medio de su Secretaría de Transporte, tiene un plazo de 12 meses para llevar a cabo un proceso de licitación que permita otorgar concesiones a empresas interesadas en gestionar los tramos seleccionados. - Modelo de concesión por peaje:
Las empresas que obtengan la concesión tendrán la responsabilidad de:- Explotar las rutas.
- Realizar reparaciones y ampliaciones.
- Mantener las vías en condiciones óptimas.
- Prestar servicios a los usuarios.
- Autoridad de aplicación:
La Dirección Nacional de Vialidad será el organismo encargado de supervisar los contratos y garantizar su cumplimiento.
Posibles implicancias:
- Para los usuarios: Es probable que se introduzcan o incrementen los peajes en los tramos privatizados, lo que podría generar controversia en la sociedad. A cambio, se espera una mejora en la calidad de las rutas y servicios asociados.
- Para el sector privado: Representa una oportunidad para empresas nacionales e internacionales de invertir en infraestructura vial en el país.
- Para el Estado: La privatización podría aliviar las cargas financieras del mantenimiento de la red vial, pero también implica delegar responsabilidades clave en el sector privado.